Parte IV

En un plazo muy breve (unos pocos meses e incluso en el mismo día), el Tribunal Constitucional rumano dictó resoluciones diferentes en materia de contencioso administrativo. Sucesivamente, la jurisdicción constitucional declaró que los actos administrativos también pueden ser censurados por los tribunales ordinarios, y posteriormente que solo los tribunales de lo contencioso-administrativo son competentes en la materia. El mismo día, el Tribunal Constitucional dictaminó que una jurisdicción que no es facultativa no puede calificarse de administrativa y que es inconstitucional, pero también que una jurisdicción administrativa obligatoria no es inconstitucional. Esta evolución caótica e injustificada de la jurisprudencia constitucional es contraria a la seguridad jurídica, principio fundamental en un régimen basado en la primacía del derecho.