2018

Resumen: Las medidas preventivas previstas en el Código de Procedimiento Penal para las personas jurídicas se han regulado de manera «compacta», en un único artículo, y las escasas modificaciones introducidas en estas disposiciones legales no han supuesto mejoras significativas. Las limitaciones de la legislación vigente en la materia se hacen cada vez más evidentes a medida que se diversifica la práctica judicial, lo que produce efectos difíciles de conciliar con el objetivo de las medidas preventivas.

El presente trabajo se propone analizar, en primer lugar, las condiciones en las que pueden dictarse medidas preventivas contra las personas jurídicas, estableciendo las correspondientes relaciones con la parte general del Código de Procedimiento Penal. Las medidas preventivas se analizarán de forma individual, tomando como referencia la jurisprudencia pertinente e identificando las deficiencias de los textos legales en su redacción actual. La parte final del presente trabajo analizará elementos de derecho comparado y propuestas de lex ferenda, realizando además las referencias necesarias a las disposiciones del Código Penal que el legislador debe tener en cuenta en la reforma de esta materia.

Para constituir un instrumento eficaz al alcance de los órganos judiciales, las medidas preventivas requieren una normativa coherente, unitaria y explícita. Las limitaciones impuestas a los derechos fundamentales de las personas investigadas exigen garantías eficaces que aseguren el necesario equilibrio entre el interés público y el privado. Teniendo en cuenta también la pasividad del Tribunal Constitucional a la hora de subsanar algunas de las deficiencias de la normativa actual, corresponde al legislador retomar el debate sobre las medidas preventivas aplicables a las personas jurídicas para crear un marco jurídico conforme a los rigores constitucionales y convencionales.

 

Palabras clave: medidas preventivas, persona jurídica, fusión, absorción, operaciones patrimoniales, fianza.