2025

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD/2025.15

Resumen: A principios de 2025, la Comisión Europea constató el incumplimiento del hito 121 del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) y suspendió parte de los fondos asignados a Rumanía. Bajo esta presión, el Gobierno de Rumanía adoptó decretos de emergencia que permiten la destitución anticipada, sin causa justificada, de los administradores de las empresas estatales, con el fin de cumplir dicho hito. Las medidas adoptadas vulneran principios constitucionales: la irretroactividad de la ley, la seguridad jurídica, la legalidad y la presunción de inocencia. Las nuevas causas de cese se aplican retroactivamente a los contratos en curso, las normas se vuelven impredecibles y los administradores son destituidos sobre la base de sospechas no confirmadas judicialmente. También se critica el papel de la Comisión Europea: mediante condiciones financieras, esta se ha extralimitado en sus competencias e interferido en el orden jurídico interno. Se crea un precedente peligroso, que pone a prueba el equilibrio entre los requisitos impuestos por la UE y los principios constitucionales internos, cuestionando la identidad constitucional de Rumanía y los límites de las competencias de la UE.

Palabras clave:gobierno corporativo, PNRR, destitución, causa justificada, seguridad jurídica, no retroactividad.