2019

DOI:https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2019.13

Resumen:Las transformacionesfundamentales que ha experimentado el Estado rumano tras la Revolución de diciembre de 1989 han dejado su huella también en el ordenamiento jurídico. Por este motivo, se han producido cambios importantes en el contenido del Derecho administrativo.

No obstante, la normativa relativa a las subdivisiones administrativo-territoriales sobrevivió al cambio de régimen político, ya que estas se regulaban en la Ley 2/1968. Además, también encontramos disposiciones relativas a las subdivisiones administrativo-territoriales en la Ley 215/2001, así como en la Constitución de 1991, revisada en 2003.

Esto ha dado lugar a problemas de interpretación. Así, por un lado, debemos determinar quién tiene la facultad de constituir las subdivisiones administrativo-territoriales y, por otro, hay que analizar si la respuesta a la primera pregunta da lugar a una posible interpretación que pudiera ser inconstitucional.

Al mismo tiempo, desde el punto de vista procesal, las subdivisiones administrativo-territoriales han planteado problemas de interpretación en lo que respecta a su capacidad jurídica.

En este artículo, nos proponemos analizar los aspectos mencionados anteriormente.

Palabras clave: subdivisionesadministrativo-territoriales, autoridades locales, constitucionalidad, capacidad jurídica, administración pública local